El Gobierno boliviano da luz verde a un impuesto a las grandes fortunas

El presidente de Bolivia, Luis Arce, promulgó este lunes la ley que crea un impuesto a las grandes riquezas junto a otras normas destinadas a la recuperación económica del país, afectado por la pandemia de la covid-19. El impuesto, que se aplicará a las fortunas mayores a los 4.3 millones de dólares, busca "mejorar la distribución del ingreso" y "mejorar el sistema tributario", dijo el mandatario durante un acto en la casa de Gobierno en La Paz. La norma, que fija un tributo variable con alícuotas de 1.4, 1.9 y 2,.4 % según el patrimonio, apunta a constituir un sistema de impuestos "progresivo" en el que "los que tienen más tributan más y los que tienen menos tributan menos", apuntó Arce. Durante el acto de promulgación se explicó que el impuesto se aplica a "personas naturales", a fortunas colocadas en territorio nacional o en el exterior a partir de este año a través de una "declaración jurada" que deberá presentar el contribuyente anualmente. Se trata de un impuesto de "carácter anual", "confidencial" y con tasas basadas "en los parámetros medios de otras economías de la región", precisó en su intervención el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Además de esta norma, que se aprobó pese a observaciones planteadas por la oposición, Arce promulgó también la del Presupuesto General del Estado (PGE) que proyecta un crecimiento de la economía boliviana de 4.8 % para 2021. El presupuesto también prevé unos 4,000 millones de dólares destinados a la inversión pública y proyecta la disminución del déficit fiscal del 12.3 % al 9.74 %. Además se aprobó una ley que dispone la devolución del 5 % del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los contribuyentes que perciban un salario menor a los 1,293 dólares mensuales. Arce mencionó que estas acciones buscan un "desmontaje del modelo neoliberal" que, a su juicio, intentó instaurar el Gobierno interino de la expresidenta Jeanine Áñez y que ahora proyecta una economía basada en la estimulación de la demanda interna, sustitución de importaciones e inversión pública.