Ministro de Agricultura asegura no tiene “nada que ver” con demanda por daños patrimoniales
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, se desligó la mañana de este jueves de una demanda que impera en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por daños patrimoniales supuestamente causados por el funcionario.
Cruz, al conversar con Listín Diario, dijo que se enteró de este caso ayer en la tarde, por lo que envió a sus abogados a investigar, ya que además, los demandantes ostentaron embargarles sus cuentas personales y “nosotros no tenemos nada que ver”.
El funcionario indicó que esta es una situación que se viene arrastrando de la gestión pasada del Ministerio de Agricultura, por lo que le garantiza al pueblo y al todo el que le interese, que no guarda relación con las acusatorias.
Agregó que esa demanda patrimonial le hubiese tocado a cualquiera que estuviese al frente del ministerio porque ya él conocía que había un problema que se venía arrastrando.
Aseguró que cuando sus abogados le emitan un informe llamará al abogado de la contraparte, Ángel Lockward, para preguntarle directamente sus justificaciones porque “él puede embargar cosas de Agricultura, pero no personales, que él sabe que no tengo nada que ver con eso”.
“Ya en la tarde tendremos informaciones (…) Parece que eso se estila por el tema de la continuidad del Estado, pero yo le garantizo a usted que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Los abogados quedaron de hacerme un reporte”, recalcó Cruz al conversar con este medio.
Detalles del caso
De acuerdo con declaraciones de Ángel Lockward en virtud de una Demanda Patrimonial que cursa en el TSA, las cuentas bancarias de Limber Cruz fueron embargadas en el Banco de Reservas y en el Banco Popular por las sociedades comerciales Casa Chepe, Alianza Agrícola, Comercializadora Agroempresarial, Panificadora Reyna, entre otras.
El Estado según consigna la Instancia, a través de la Comisión de Importaciones Agrícolas, en virtud del Decreto 569-12, fijó mediante Resolución 01-20, la cuota de importación de ajo para el año 2020-2021 en la cantidad de 150,000 quintales y valoró las licencias para esa importación en la suma de RD$1,030.5 millones que fueron pagados al Tesorero Nacional, a través de la Bolsa Agroempresarial, explica Lockward.
“La emisión de permisos por otros casi 100,000 quintales, al margen del decreto y de la Resolución de la Comisión, es decir, sin la participación del ministro de Industria y Comercio y del director general de Aduanas, los otros dos miembros de la Comisión, dejó sin valor económico las licencias otorgadas por el Estado para la importación del contingente de ajo, en violación al principio de legalidad, norma previa y confianza legítima que regula la Administración Pública”, recoge la instancia.
Los demandantes buscan demostrar que obtuvieron del Estado los permisos correspondientes a la totalidad de la cuita autorizada de importación de ajo y que la pagaron al Estado.