Colaboración

Anticipo de la reforma

En las reseñas acerca de las recientes declaraciones del Director de Presupuesto respecto del contenido de la propuesta de reforma tributaria, figura haber señalado que ésta no incluirá reducciones de gastos, y que lo que se persigue es reducir el endeudamiento, lo cual implicaría que el propósito fundamental de la reforma sería únicamente aumentar los ingresos tributarios. Este concepto se opone a numerosos reclamos de profesionales y diversas entidades de que la estructura y nivel de los gastos sean revisados, y de que los gastos sean depurados primero, antes de que se discuta aumentar impuestos o quitar exenciones. Además, luce no estar en consonancia con la iniciativa gubernamental de reorganizar el sector público, suprimiendo o fusionando entidades que duplican funciones o no desempeñan un papel relevante.

Es muy posible, sin embargo, que esa referencia a que los gastos no bajarán no haya abarcado a todos en sentido general, sino que se haya limitado a aquellos que son verdaderamente prioritarios.

Condiciones en las que sólo se procura elevar los ingresos gubernamentales no son propicias para la formulación de una reforma equilibrada. Si de antemano se sacaran los gastos de la discusión, el rasgo integral de la reforma dejaría de existir, convirtiéndola en un planteamiento de cómo recabar más dinero. Su efecto sobre el desarrollo pasaría a un segundo plano, arropado por el objetivo dominante de subir las recaudaciones.

El predominio de ese objetivo pecuniario ha sido visible en la mayoría de las ocasiones en que la reforma es mencionada, tanto en círculos privados como estatales. El déficit fiscal, la deuda pública y la baja presión tributaria han sido los principales aspectos mencionados, seguidos a cierta distancia por la provisión de servicios públicos, y aún más distantes han estado las consecuencias sobre inversión privada, los presupuestos familiares o el crecimiento de la economía.

El debate pormenorizado que pondere todos los ángulos pertinentes se dificulta por causa de ese predominio. Del lado estatal, los apremios recaudatorios tienden a estrechar la meta de las modificaciones, orientándolas en función de su impacto sobre el monto de las recaudaciones. Y del lado de los contribuyentes, la percepción de la reforma como un instrumento concebido para aumentar los ingresos tributarios provoca que ésta sea vista con gran recelo, siendo eso evidente en las diversas manifestaciones de supuesto apoyo, condicionado a que determinadas actividades no sean tocadas, y que sean “otros” los que tengan que pagar más.

Dado el perfil de los sectores económicos, la influencia de las entidades que los representan, la dificultad para remover o reducir exenciones, y la vasta extensión de la informalidad en la generación del PIB, esos “otros” probablemente terminarían siendo los integrantes de la clase media, cuyos salarios y pensiones no están indexadas al costo de la vida.

Esperemos que no sea así.