Retos y oportunidades para evaluar la estimación de la vida útil de activos empresariales

En los últimos años, algunas empresas —públicas y privadas— han utilizado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aplicables en Pymes para preparar sus estados financieros. Dicha tendencia representa retos y oportunidades debido a que se deben aplicar políticas contables que permitan al lector comparar organizaciones de cualquier sector, actividad y geografía. Además, implica la realización de estimaciones que no necesariamente provienen de un documento, sino de supuestos que la administración debe evaluar y considerar.

Para una empresa que aborda el cierre de sus estados financieros bajo estas normas, es crucial que se preste mucha atención a la integridad, exactitud y calidad de la información contenida, ya que esta refleja la salud financiera de la organización y sirve de base para la toma de decisiones. En el caso del concepto de propiedad, planta y equipos (PPE) es fundamental evaluar la estimación de vida útil, métodos de depreciación o amortización, así como el valor residual de los activos no corrientes.

Conforme lo establecido por las NIIF, las organizaciones deben revisar —en cada fecha de reporte— la estimación de vida útil asignada a sus activos no corrientes, como los PPE, es decir, cuántos años estiman que utilizarán económicamente dichos activos.

Sin embargo, hemos notado que puede existir el incentivo de establecer dicho periodo considerando los criterios establecidos en las reglas fiscales de cada país. Esto no necesariamente coincide con la mejor estimación de la vida útil en cada fecha de reporte, ya que incluso puede —y normalmente ocurre— cambiar respecto a la primera valoración realizada por la organización al momento de su incorporación, sobre todo con los avances de la tecnología y dinamismo de los negocios.

Los errores más comunes

Identificamos cuáles son los errores más comunes al momento de valuar la vida útil de los PPE:

• La vida útil de los activos se asigna únicamente con los rangos definidos por las leyes fiscales de cada país sin permitir que —dentro de una misma categoría— haya diferentes periodos.

• Los componentes significativos de activos no se registran y deprecian de forma separada.

• Las mejoras que son capitalizadas en activos se deprecian con la misma vida útil del activo original o sin considerar la remanente del activo en cuestión.

• Las mejoras mayores realizadas en activos aumentarían su vida útil, pero ese impacto no se evalúa.

• Activos fuera de uso no son depreciados o deteriorados.

• Activos totalmente depreciados continúan en operación y no se evalúa la vida útil remanente de forma oportuna.

• El método de revaluación se utiliza solo si la normativa fiscal da posibilidad e incentivo y no porque realmente tendría más sentido para los usuarios de estados financieros. En algunos casos se revalúa parcialmente una categoría de activos solo porque así lo permitió la autoridad fiscal, aunque la norma no lo permite.

• No se han estimado valores residuales que, dependiendo de los activos y la práctica del sector, pueden ser materiales.

Los desafíos a superar

Las mejores prácticas al revisar la vida útil indican que las organizaciones todavía tienen retos e inquietudes por responder:

• ¿La vida útil remanente representa el tiempo que espero utilizar económicamente mis activos en el futuro?

• ¿Los cambios en el tiempo de uso de los activos provienen de sucesos pasados o cambios actuales en la forma de utilizarlos?

• ¿Cuál es la tendencia de producción del mercado? ¿Existen cambios que puedan afectar la vida útil de mi activo? ¿Las condiciones de mercado o contractuales indican que el activo se deterioró o incrementó el tiempo en el que puede utilizarse?

• ¿Cuánto han sido los años de duración de los activos en el pasado?

• ¿Cuántos años estima el personal técnico/especialista interno o externo que podría usar el activo a futuro?

Las oportunidades

Aplicar lo establecido en las NIIF puede generar algunos beneficios, más allá de ver estas normativas como un requerimiento.

• Planificación financiera y presupuestaria: Permite diseñar los gastos futuros relacionados con el reemplazo y mantenimiento de los activos de manera más precisa.

• Depreciación adecuada: La correcta estimación de la vida útil permite calcular la depreciación de los activos de manera más precisa.

• Optimización de costos: Conocer la vida útil de los activos ayuda a decidir cuándo es más rentable mantener, reparar o reemplazarlos.

• Mejor toma de decisiones: Una estimación adecuada proporciona información valiosa para la toma de decisiones estratégicas, como inversiones en nuevos activos, desinversiones o reubicación de recursos.

• Cumplimiento normativo: Muchas normativas contables—como las NIIF o los requerimientos fiscales de los países— requieren que las empresas calculen y reporten la depreciación de sus activos de manera precisa. Este cumplimiento evita sanciones y asegura la transparencia e integridad financiera de la empresa.

• Evaluación del rendimiento de los activos: Ayuda a evaluar el rendimiento y eficiencia de los activos a lo largo del tiempo, identificando aquellos subutilizados o que ya no son rentables.

• Gestión de riesgos: Permite una mejor gestión al prever la necesidad de reemplazo de activos críticos antes de que fallen, evitando interrupciones en las operaciones y posibles pérdidas financieras.

• Valoración de la empresa: La correcta estimación impacta en la valoración total de la empresa, lo cual es importante en casos de fusiones, adquisiciones o ventas.

• Mejorar la posición financiera de la empresa: La medición de la vida útil y la depreciación conexa provoca que la posición patrimonial sea más fuerte y adecuada.

En conclusión, cuando se requiera la política para establecer la vida útil de las PPE deben considerarse los requerimientos de las normas contables seleccionadas y analizar el impacto fiscal. El primer paso determina el registro contable y el segundo decide el ajuste fiscal requerido para la presentación del impuesto sobre la renta, entre otros; la diferencia de tratamiento, contable y fiscal se refleja en el impuesto diferido.