Un país emboscado
El crimen organizado y la cultura de la corrupción han emboscado al Estado dominicano, debilitándole muchos de los vitales escudos de protección de la seguridad nacional y la ciudadana.
El sistema de fichaje delincuencial, de archivos de expedientes criminales y de pruebas o evidencias necesarias para la penalización judicial, están vulnerados y prostituidos.
Lo que acaba de descubrirse en la Procuraduría General de la República, el órgano rector de la defensa de la sociedad, pone los pelos de punta.
Todo un entramado mafioso se instaló allí para manipular, adulterar o borrar los prontuarios de figuras vinculadas al crimen organizado, en sus distintas variantes, a cambio de jugosos sobornos.
Gracias a esa mafia, innumerables culpables de asesinatos, robos, violaciones sexuales, falsificaciones de toda índole y tráfico de drogas, mercancías y personas, han logrado la impunidad, en grosera burla a la sociedad y a las víctimas de sus desmanes.
La legitimidad o autenticidad de los títulos de propiedades inmobiliarias, de los certificados o diplomas profesionales, de productos farmacéuticos y de órdenes de libertad o cese de la pena de prisión, están hoy en entredicho.
Son tan abrumadoras y generalizadas las muestras de otras intrusiones mafiosas en actos de la vida civil, como la cédula de identidad, los visados y las papeletas de dinero falso, que a nadie le cabe duda de que estamos viviendo hoy en una sociedad del engaño.
Bajo esta emboscada de la mafia y de los corruptos, el Estado fácilmente ha sido colocado en una peligrosa disyuntiva que le puede hacer perder su condición de garante de la institucionalidad y la seguridad ciudadana y nacional.
Hay que tomar esto con suma seriedad.
El Estado tiene que enfrentar decididamente esta cadena de amenazas que corroen, por dentro, los cimientos de su autoridad y, por vía de consecuencia, los resorte