Un quinquenio luctuoso
En los últimos cinco años, el país ha vivido un verdadero quinquenio luctuoso en lo que respecta a la seguridad vial.
La tragedia de ayer en Las Yayas, Azua, es un reflejo cruento de esa realidad.
Con más de 8,600 muertes en accidentes de tránsito, esta nación ostenta el triste primer lugar en la región en cuanto a la cantidad de víctimas fatales y lesionadas en las carreteras.
Este fenómeno no solo ha dejado un rastro de dolor y sufrimiento en miles de familias, sino que también ha generado una carga económica y social devastadora, estimada en un 2% del PIB anual, equivalente a unos 200,000 millones de pesos.
El costo de esta tragedia es abrumador.
Desde 2020 hasta mediados de 2024, las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) han desembolsado más de 12,000 millones de pesos para cubrir los gastos médicos y subsidios relacionados con los accidentes de tránsito.
Solo en el ámbito laboral, 51,409 trabajadores sufrieron accidentes en el trayecto hacia o desde sus centros de trabajo.
Un detalle particularmente alarmante.
Entre 2020 y 2024, el Idoppril ha pagado más de 4,355 millones de pesos en asistencia médica y subsidios y gastos funerarios por más de 51 millones de pesos, para 516 trabajadores que fallecieron en el trayecto hacia sus empleos.
Además, 1,697 pensiones han sido otorgadas por orfandad, viudez y otras razones, sumando casi 184 millones de pesos.
El impacto de esta crisis no se limita a las estadísticas económicas; también tiene un profundo efecto humano y social.
La mayoría de las víctimas son jóvenes, con 3,315 personas fallecidas en edades comprendidas entre 0 y 45 años.
Los fines de semana se han convertido en un período de alto riesgo, con el domingo siendo el día más mortal, acumulando 2,101 fallecidos.
Es evidente que el país, con el gobierno a la cabeza, debe hacer un esfuerzo supremo para revertir esta situación.
No podemos seguir aceptando que las carreteras sean escenarios de muerte y tragedia.
Las motocicletas, responsables de la mayoría de las muertes, requieren una atención especial, sometiéndolas a la aplicación rigurosa de las leyes de tránsito.
No podemos permitir que las carreteras sigan siendo trampas mortales.
Es hora de actuar con determinación y urgencia para cambiar el rumbo y salvar vidas.