Esos son unos políticos irresponsables
La Ley 311-14, que obliga a los funcionarios públicos, alcaldes y legisladores a presentar una declaración jurada de su patrimonio, es un pilar esencial para garantizar la transparencia en la gestión pública y prevenir la corrupción.
Sin embargo, año tras año, este mandato legal es desatendido por quienes deberían ser los primeros en cumplirlo: nuestros políticos.
Acaba de demostrarse ahora: a pocas horas de vencer el plazo para presentar la declaración, apenas una fracción de senadores y diputados había cumplido con su deber.
Este tipo de irresponsabilidad no solo es una burla al pueblo dominicano, sino también un reflejo del profundo miedo a la transparencia que permea en los beneficiarios de estos cargos públicos.
Esto demuestra que su compromiso con la rendición de cuentas es más bien un discurso vacío, carente de acciones concretas.
Los argumentos que utilizan algunos legisladores para justificar su inacción son insostenibles.
Alegan que las exigencias de la Cámara de Cuentas violan su privacidad, cuando en realidad la transparencia en el manejo de los recursos públicos debería ser un requisito no negociable.
Ocultar la información sobre el patrimonio de quienes manejan el dinero del pueblo solo genera desconfianza y sospechas de enriquecimiento ilícito.
Lo que vemos en la cúpula de los partidos a los que ellos representan es un silencio cómplice que deja entrever su falta de autoridad y compromiso con la ética en el ejercicio público.
La Ley 311-14 no es una recomendación, es una obligación.
Y quienes no la cumplan deberían enfrentar las sanciones correspondientes, si es posible mediante un juicio político para su amonestación o destitución.
El pueblo dominicano merece políticos que respeten las leyes y que no se escondan detrás de excusas para eludir su responsabilidad.
