Características de la red de imputados en Operación Falcón, según el MP

El Ministerio Público estableció 29 características principales de la red de crimen organizado en la denominada “Operación Falcón”, que fue desmantelada el pasado miércoles con más de 100 allanamiento en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones del país.

A través de la solicitud de medida de coerción, a la que tuvo acceso este diario, el órgano judicial estipuló que esta red creó una organización criminal trasnacional dedicada a traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la provincia de Santiago.

Asimismo, traficaron ciento de miles de kilos de drogas en los referidos países, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.

Estos portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, muchas de ellas solo permitidas para uso de policías y militares como es el caso de fusiles.

Los imputados colocaron los millonarios fondos en efectivo que recibían de sus operaciones ilícitas, como el narcotráfico y el tráfico de armas, a través de empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, financieras, dealers, vehículos de lujo, fincas, ganados, cotosos relojes, entre otros negocios.

Transformaron sus transacciones con el objetivo de colocarl los fondos en la economía legal y en las instituciones financieras. Los inculpados, dice la acusación, trataban de darle apariencia legal a sus actividades a través de documentaciones llenas de falsedades, con la pretensión de ocultar el rastro de su origen ilícito y justificar el rápido incremento de su fortuna.

En los acápites 17 y 18 de la solicitud de medida de coerción el MP cita lo siguiente: “Integraron gran parte de los capitales ilícitos en el mercado con la finalidad de crear una serie de estratos y así complicar la tarea de determinar la manera en que el dinero ingresaba a la economía legal o la forma en que se dispuso de ellos. Invirtieron dinero ilícito en nuevos delitos para asegurar la impunidad de los mismos, para lo cual se compran conciencias, lealtades e impunidad”.

Otra de las actividades es que financiaron campañas políticas a escaños en el Congreso Nacional, alcaldías, consejo municipal, entre otras entidades, con el objetivo de tener incidencia y poder.

Es por esto que en el punto 20 de la medida de coerción el Ministerio Público resalta que “fundaron una organización criminal que tiene todas las agravantes que el legislador ha considerado para la conducta típica del lavado de activos, a saber: participación como estructura criminal organizada. La organización está integrada por decenas de personas, algunos ostentaron cargos públicos, entre otras agravantes del tipo”.

Otros modus operandi

Los involucrados en la Operación Falcón detallaban sus operaciones criminales a través de conversaciones en aplicaciones telefónicas que estaban legalmente intervenidas.

También, evadían la persecución penal de las autoridades, llamadas a evitar que ocurrieran los hechos y a investigarlos; por igual, salían de los procesos judiciales con facilidad, a pesar de tener imputaciones graves.

Empero, establecieron una estructura criminal parecida a la que tradicionalmente siguen la mafia italiana, integrando a la familia como parte esencial de los negocios ilícitos.

El Ministerio Público expresa a través del documento que los incriminados fueron ayudados por sujetos obligados que obviaron su rol para ponerse al servicio de la red delincuente, entre los cuales se destacan abogados, entidades financieras y contadores públicos autorizados.

Asimismo, adquirieron la totalidad de las propiedades de algunos servicios, como el caso de las estaciones de combustible del municipio de Miches.

Además de las operaciones que hacían en el sistema financiero regulado, manejaban millones de dólares en efectivo, que eran utilizados para financiar sus operaciones ilícitas, según dice el acápite 26.

En tanto, amenazaban e intimidaban a personas contra quienes cometieron delitos, para evitar que se querellaran creando una especie de poder paralelo en el que tenían más autoridad, en algunos sectores, que los mandos legítimos.

Más características

Según el MP, los malhechores intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad legislativa de un diputado que trasportaba a un extraditable, intentando eludir el cerco de la persecución.

Por último, en el punto 29, el órgano judicial resalta que estos utilizaron múltiples vehículos societarios con fachadas de empresas licitas y efectivamente colocaron miles de millones de pesos en el sistema financiero a través de operaciones diversas, pero todas con la ilicitud de la procedencia de los fondos.