El abogado Ángel Lockward admitió en audiencia parte de las imputaciones en su contra en el caso Calamar, y se declaró a disposición de colaborar con el Ministerio Público en la investigación que lleva a cabo.

A Lockward se le había pedido medida de coerción consistente en prisión preventiva y tras sus declaraciones en la audiencia el Ministerio Público le cambió la petición a prisión domiciliaria e impedimento de salida del país.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público señaló que el abogado había realizado acciones para ejecutar procesos ilegales de pagos por expropiaciones de terrenos.