Milton Morrison responde ante Senado y propone reformas: “No hay ningún régimen de consecuencias”

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison, acudió este jueves a la cita realizada por el Senado de la República, donde tuvo que responder a los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas preventivos realizados para mitigar los choques vehiculares en las avenidas del país.

Al iniciar su intervención dirigida a los 32 representantes de la cámara alta, Morrison explicó su perspectiva sobre las actuales debilidades que aún impiden reducir los siniestros viales, señalando dos puntos en específicos: “La educación vial y el sistema de sanciones”.

Morrison, quien dijo utilizar las referencias de países desarrollados en la seguridad vial como España, indicó que el 75 % para garantizar el respeto de los dominicanos al conducir radica en el “régimen de consecuencia, aplicación de la ley, multas y apresamientos”.

“Tenemos que atacar la raíz del problema, con el régimen de consecuencia”, dijo, aclarando que la forma correcta de tipificar los casos viales es utilizando la palabra siniestro y no accidente, ya que quien se moviliza tomando alcohol o siendo imprudente no está cometiendo un error, sino un delito en contra de la ley.

Las conclusiones de Morrison, expresadas a los senadores, fueron claras: “No hay ningún régimen de consecuencias, (el actual) tiene fugas y limitaciones que no permiten operar. Además, hay acciones que no está cumpliendo la Procuraduría General de la República (PGR) para asegurar el pago de las altas multas que establecen la ley, las empresas no están cumpliendo con sus planes de seguridad vial corporativos. Sumado a esto, señaló la falta de capacidad que afecta a la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la cual no cuenta con las grúas, ni los agentes suficientes para supervisar el cumplimiento de las normas del tránsito en el parque vehicular dominicano, que supera los 6 millones de diferentes tipos de vehículos”.

¿Cuáles son las propuestas que presentó ante el Senado?

Morrison, luego de presentar algunas estadísticas que reflejaron el extremo nivel de atención que requiere la situación del tránsito en el país, le expresó a los congresistas cuáles son las modificaciones legislativas que hacen falta para poder sancionar de manera efectiva a los evasores de las reglas.

En los siguientes párrafos, podrán visualizar los artículos de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana y del Código Procesal Penal que deben ser alterados para mejorar la aplicación de la fiscalización, según considera el titular del Intrant.

Declaración de Rebeldía en el artículo 295, ley 63-17: Instaurar un verdadero procedimiento de rebeldía para que quienes no paguen sus multas en el tiempo establecido sean declarados en rebeldía y puedan perder su licencia de conducir con la autorización de un juez.

“Eso es un régimen de consecuencia, no lo que hay ahora que ponen una multa y continua la reincidencia...”, manifestó.

Extensión de la prescripción de las Infracciones en el artículo 439 Código Procesal Penal: De 1 a 5 años, para garantizar que las sanciones sean aplicadas con Justicia.

“Necesitamos tiempo para poder aplicar la justicia”, aclaró, recordando que la prescripción en el código actual culmina luego del primer año transcurrido desde la comisión del hecho, para los casos viales.

Refuerzo de la fiscalización en el artículo 295, ley 63-17: Sanciones más severas para el transporte carga con exceso de peso o dimensiones.

“Los transportistas sobre pasan tanto el límite de carga que, entonces, los frenos fallan y eso causa accidentes”, afirmó.

Retención de vehículos en la ley 63-17: Para quienes se estacionen mal o conduzcan bajo el efecto del alcohol, les será retenido el vehículo y deberán solventar los gastos de remoción de la grúa.

“Estamos planteando que el que le llevan el vehículo, el que cree que es dueño de la calle, el que se estaciona en (doble parqueo), el que conduce bajo los efectos del alcohol, pues tenga que pagar los gastos de la remoción de la grúa...”, dijo. 

Pruebas de alcoholímetros en el artículo 261 de la ley 63-17: Habilitar a la Policía Nacional legalmente para que, junto a la Digesett, pueda realizar las pruebas de alcoholímetro y controles en horarios nocturnos, especialmente en zonas de expendió de bebidas, avenidas principales y centros turísticos.

Límites de velocidad en el artículo 268 de Ley 63-17: En avenidas, calles, túneles, elevados, de acuerdo a estándares internacionales, con presencia 24/7 de patrullas.

Carreas clandestinas en el artículo 251 y 303 de la ley 63-17: Sancionar drásticamente las carreras clandestinas con penas privativas de libertad de 1 a 2 años para quienes participen en ellas.

Aumentar los recursos a la digesettt establecidos en el artículo 298, ley 63-17: Con el objetivo de disponer mayor presencia 24/7 en horarios nocturnos, días feriados y zonas de alta siniestralidad.

“En las noches, en el distrito nacional, solo hay 15 agentes que le dan asistencia al 911...”, mencionó esta limitante que tiene la Digesett en el polígono central.

“Pandemia de motociclistas” artículo 251en la ley 63-17: imponer multas más estrictas a los motociclistas que no porten el casco, licencia de conducir o tampoco tenga su documentación al día. “¡Sin excepciones!”, prometió.

Adicionar consecuencias severas en el artículo 294, ley 63-17, adecuando la ley de cara a la sentencia del TC-193-20, que no permite impedir la salida del país a los conductores que tengan multas pendientes.

“Debe haber una forma con el respaldo de la justicia de impedir la obtención de un certificado de buena conducta, la renovación de la licencia, el marbete a quienes no paguen las multas”, pidió a los legisladores.