Jueza autoriza rastreo cuentas bancarias en caso Gavilán

La jueza de instrucción especial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional autorizó al Ministerio Público indagar las cuentas bancarias y los registros telefónicos de los fiscales vinculados a una estructura nacional dedicada a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.

La magistrada tomó la decisión al acoger una solicitud de peticiones presentada por el Ministerio Público, quien lleva a cabo una investigación en contra de los fiscales adjuntos, cuyos nombres no se mencionan.

La designación de la jueza como control de las investigaciones que tiene el Ministerio Público en contra de los fiscales adjuntos es en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia.

De los fiscales investigados, sólo se ha dado a conocer el nombre del titular de la provincia Independencia, Soni Adriano Rosario, quien fue suspendido de sus funciones, aunque trascendió que también estaría vinculado un fiscal de la jurisdicción de Santiago.

complicidad

De acuerdo al Ministerio Público los fiscales y los fiscalizadores actuaban en complicidad con inspectores de la Dirección de Migración, quienes ocultaban los impedimentos de salidas del sistema por horas, nunca por más de tres días, a la espera que las personas pudieran salir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas.

En el caso figuran como acusados Mártires Rosario Reyes, Luis Alfredo Astacio Polanco, además como imputados Alfredo Mirambeaux Villalona, Domingo Julio Santana Sánchez y a Rubén Darío Morbán Santana, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes y Dilcia Argentina Nuñez Santos, Alexander Romanqui Dotel, Pilar Irene Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro.

acusación 

Entre las acusaciones que se le formula al fiscal de Independencia, Soni Adriano Rosario y que motivó su suspensión, se encuentran la de “formar parte de una red dedicada al tráfico de mercancías a través de la frontera” y “mal manejo de los expedientes, evidencias y documentos”.

Así se hace constar en la resolución del Consejo Disciplinario del Ministerio Público, emitida el pasado 8 de agosto, en el cual se dispone la suspensión sin “disfrute de su sueldo”.

Al fiscal Adriano Rosario se le atribuye valerse de sus funciones y utilizar bienes propiedad de la institución para realizar el traslado de mercancía contrabandeada, entre las cuales se encuentran cigarrillos ilegales.

Además, señala la resolución que también entregaba, de forma irregular, bienes muebles e inmuebles que figuran en procesos penales como cuerpos del delito, beneficiando a personas vinculadas a la comisión de diversos ilícitos penales, violación de protocolos y procedimientos institucionales sobre manejo de evidencias irregulares diversas en la organización y control de expedientes o registros de casos, entre otras acusaciones.