Participación Ciudadana rechaza política de protección de datos del Poder Judicial

La organización no partidista Participación Ciudadana expresó su firme rechazo a la nueva Política de Protección de Datos del Poder Judicial, aprobada por la Suprema Corte de Justicia. 

Según la entidad, esta normativa representa un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, al establecer reglas que invisibilizan a los infractores de la ley y restringen el acceso de la ciudadanía y los medios de comunicación a información crucial sobre procesos judiciales.

La organización denunció que esta política invierte el principio fundamental de la transparencia como regla y la privacidad como excepción, lo que, según sus argumentos, viola los derechos constitucionales al acceso a la información y la libre expresión. Además, subraya que la publicidad de los juicios es un componente esencial del debido proceso, tanto para garantizar la protección de los imputados como para informar a la sociedad sobre la administración de justicia.

La respuesta de Participación Ciudad ocurre después de que la Sociedad Dominicana de Diarios expresó su preocupación y rechazo a la reciente Política de Protección de Datos del Poder Judicial, al considerar que esta política intenta imponer restricciones unilaterales que contravienen preceptos constitucionales y legales relacionados con el derecho de los ciudadanos al acceso a la información sobre procesos judiciales

La organización no gubernamental enfatizó que los juicios públicos deben incluir la identificación no solo de jueces, fiscales y abogados, sino también de las partes involucradas, incluyendo imputados, querellantes, testigos e informantes, salvo en casos específicos que requieran la protección de menores de edad y personas vulnerables.

En contraste, la nueva política establece amplias restricciones, catalogando como "datos personales sujetos al anonimato" información esencial como la cédula de identidad y electoral, un dato clave para diferenciar personas con nombres similares y realizar trámites legales y privados.

 Según Participación Ciudadana, estas medidas se inspiran en estándares internacionales que no son aplicables al contexto dominicano debido al bajo nivel de desarrollo institucional y judicial del país.

La organización advirtió de que esta normativa podría obstaculizar los esfuerzos actuales para combatir delitos graves como la corrupción, el crimen organizado, la trata de personas, el lavado de activos, los feminicidios y la pedofilia. 

Asimismo, expresó su preocupación de que esta política sea utilizada por jueces para limitar el acceso a la información de la prensa y la ciudadanía, debilitando así la transparencia en la administración de justicia.

"Esta normativa llega en un momento crítico en que el país enfrenta grandes retos para superar una historia de corrupción e impunidad. Restringir el acceso a la información no solo dificulta la labor de los medios de comunicación, sino que también pone en peligro los avances hacia un régimen democrático y transparente", afirmó el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.

Al igual que la Sociedad Dominicana de Diarios, la entidad no gubernamental hizo un llamado al Poder Judicial para que retire esta política y reitere su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la democracia en la República Dominicana.