Acusan a guardias de ingresar menores para ser violadas en cárceles de Guatemala
Los fiscales documentaron "el ingreso de menores entre 12 y 16 años a cárceles, en las cuales fueron abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a la pandilla del Barrio 18 y sus diferentes clicas" (células), agregó.
Un juzgado guatemalteco abrió proceso a 29 personas, entre ellas 20 guardias penitenciarios, por el ingreso ilegal de menores a cárceles para que pandilleros presos las abusaran sexualmente, informó este viernes la fiscalía.
Los demás procesados son un oficial de la Policía y ocho hombres vinculados a la pandilla Barrio 18, dijo a periodistas la vocera de la fiscalía, María José Mansilla.
Los fiscales documentaron "el ingreso de menores entre 12 y 16 años a cárceles, en las cuales fueron abusadas sexualmente y reclutadas con el fin de integrarlas a la pandilla del Barrio 18 y sus diferentes clicas" (células), agregó.
Las pandillas reclutaban a las muchachas a través de "las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, redes humanas y centros de estudios, entre otros", indicó.
Luego las instruían para cometer delitos como nuevas integrantes de la pandilla y las preparaban para visitar cárceles, donde abusadas sexualmente por pandilleros presos, según la fiscalía.
La portavoz explicó que los guardias penitenciarios serán juzgados por el delito de incumplimiento de deberes y el policía por violación con circunstancias agravantes.
Los otros ocho inculpados enfrentan cargos "por delitos de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados y explotación sexual, lavado de dinero u otros activos", entre otros, dijo Mansilla.
Las autoridades han reconocido que los líderes de las pandillas presos planifican extorsiones desde las prisiones y ordenan asesinatos.
Guatemala enfrenta una violencia criminal que dejó 4.361 homicidios en 2023, la mitad vinculados con pandillas como Barrio 18 y Mara Salvatrucha, que se disputan ferozmente el control de territorios para exigir pago de extorsiones a transportistas y comerciantes. Quienes se niegan a pagar, son asesinados, según las autoridades.