Fiscalía de Perú abre nuevas investigaciones por muertes y lesiones en las protestas contra Boluarte

La Fiscalía de Perú ha anunciado este sábado la apertura de dos nuevas investigaciones "por muertes y lesiones" producidas durante las protestas antigubernamentales registradas en Perú entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, lo que aumenta a 20 el número total de diligencias en curso.

"A la fecha, son 20 investigaciones formalizadas en los departamentos de Lima, Apurímac, Arequipa, Puno, Cusco, La Libertad, Ucayali, Junín y Ayacucho; las cuales involucran a 160 miembros de la Policía Nacional y el Ejército imputados por las muertes y lesiones en agravio de 274 ciudadanos", ha explicado la Fiscalía peruana en un comunicado en el que ha ratificado "su compromiso con la búsqueda de la justicia y reparación para las víctimas de las protestas sociales".

La primera de estas dos nuevas diligencias se refiere a "los delitos de lesiones graves, lesiones leves y abuso de autoridad en contra del comandante de la Policía Nacional Segundo Martín Ocampo Aguirre; por los hechos ocurridos en las inmediaciones del aeropuerto Inca Manco Cápac, en la ciudad de Juliaca; donde cuatro personas resultaron heridas".

La segunda, por su parte, responde a "los sucesos del 12 de diciembre de 2022 en las inmediaciones de la Comisaría de Chincheros (Apurímac)", donde un menor de edad perdió la vida y otras dos personas resultaron heridas como "consecuencia del enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales".

Por este último caso "son investigados el ex comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado; el exjefe del Frente Policial de Apurímac, Luis Jesús Flores Solís; el jefe de la División Policial de Andahuaylas y Chincheros, Alexis Luján Ruiz; y los oficiales de Policía Carlos César Cuya Campos y Litman Peña Pacheco", ha concretado la Fiscalía.

Este anuncio llega después de que la ONG Amnistía Internacional (AI) señalara este jueves que la muerte de unas 50 personas durante las mencionadas protestas podrían salpicar no solo a la presidenta del país, Dina Boluarte, sino también a la cadena de mando de las fuerzas de seguridad por su responsabilidad en lo que consideran es "uno de los episodios más graves de violaciones masivas de Derechos Humanos" en la historia reciente del país andino.

En un informe en el que detalla las decisiones clave tomadas por Boluarte en calidad de jefa suprema de las Fuerzas armadas y la Policía de Perú, AI revela que Boluarte se reunió en varias ocasiones con los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía --gozando así de "múltiples oportunidades" de condenar el uso ilegítimo de la fuerza y ordenar un cambio de táctica--, pese a haber negado en repetidas ocasiones haber mantenido contacto directo con la cúpula militar del país.