Un batazo de foul innecesario

 La aprobación por parte del Senado el pasado 07 de enero del proyecto de ley que modifica la "Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos", fue un “palo acechao” a todos los actores que inciden y coexisten en dicho sector.

"Residuos Sólidos” sería un eufemismo políticamente correcto para designar con otro nombre aquello que llamamos “basura”; un negocio en donde lo más limpio suele ser la propia basura; y donde confluyen diversos intereses en función de la complejidad social, patrones de consumo y cultura de disposición de residuos existente.

El llamado “antropoceno” [Crutzen], en tanto nueva era geológica de la tierra, se caracteriza por el uso generalizado, sistemático y abusivo del plástico como signo distintivo de una civilización predatoria y consumista. Esto conlleva la generación de millones de toneladas de residuos, no solamente derivados del petróleo, sino orgánicos, metálicos, químicos y de toda índole.

En dominicana estuvimos a la zaga y la basura colonizó cada kilómetro, en ausencia de una cultura de prevención, una sociedad educada y consciente, y un marco jurídico moderno y robusto, como lo es la ley 225-20.

Con menos de cinco años de aplicación, nuestros senadores constataron la necesidad “imprescindible” de modificar un marco legislativo moderno, y, aunque toda creación humana es perfectible (sarcasmo), constituye una pena que ese súbito interés legislativo no se derrame hacia otras leyes y códigos (penal, civil, comercial, etc.) que esperan una actualización.

En torno a los residuos sólidos confluyen muchos intereses de pocos actores, los cuales –se supone– deberían competir en saludable armonía para así maximizar su gestión integral. Sin embargo, mientras algunos apuestan a la modernidad, tecnificación y transparencia; otros trabajan para establecer estructuras oligopólicas temporales de vocación monopólica, desplazar actores tradicionales, impedir entrada de nuevos, y generar ingresos fabulosos… con el pequeño detalle de que su base financiera son aportaciones del presupuesto central y contribuciones especiales obligatorias de todas las personas jurídicas, en función de los ingresos que reporten ingresos a la DGII.

En definitiva, un negocio redondo (y redondeado) estructurado en torno a una reforma no consensuada con ningún actor público o privado, ni con el Ministerio del Medioambiente y Recursos Naturales; que fue aprobada “de urgencia” y que fundió en una sola pieza diferentes “intenciones legislativas” que se movían debajo de la mesa; quizás con la intención de lograr adhesiones y consensos a cambio de pequeñas concesiones; y que en la práctica se traduce en un aumento generalizado de las tasas que pagará el sector privado.

Por suerte el presidente percibió a tiempo la trampa que el senado no pudo ver, e instruyó para que la misma fuese ventilada y debatida en la Cámara de Diputados. Después del varapalo de la reforma fiscal, el gobierno entendió y aprendió la lección: ningún aumento de impuestos será bienvenido si no es conocido y consensuado previamente, sobre todo cuando procura (burdamente) transferir rentas y crear, más que una economía circular, un “negocio circular” particular.