La prisión preventiva

En nuestro país se ha generado un interesante debate sobre el tema de la prisión preventiva, en ocasión de una campaña nacional e internacional promovida por el grupo del Danilato, cuyo entorno más poderoso está guardando prisión preventiva.

Lo primero que hay que decir es que la prisión preventiva siempre ha existido en República Dominicana y en todas partes del mundo.

Es un tema muy discutido y analizado internacionalmente.

Ciertamente hay consenso en que los Estados y sus sistemas de justicia necesitan un instrumento legal idóneo que les permita tener en prisión a aquellos imputados de hechos graves puedan evadirse de la justicia.

El peligro de fuga, la peligrosidad del individuo y si su libertad puede entorpecer la investigación penal realizada por el Ministerio Público, son de las premisas fundamentales que deben apreciar soberanamente los jueces al aplicar la medida coercitiva de la prisión preventiva.

La prisión preventiva no puede convertirse en condena anticipada.

En eso también hay consenso.

En nuestro país hay un plazo máximo que es de 18 meses.

En ninguno de los casos de corrupción que lleva Ministerio Público se han cometido abusos y atropellos.

Las medidas coerción han sido dictadas por autoridades judiciales competentes y los plazos se han respetado.

Igualmente, es importante señalar que el 80% de los casos de delincuencia violenta en República Dominicana los cometen reincidentes; imputados que tienen múltiples casos anteriores abiertos en similares circunstancias, que no han sido juzgados en juicio de fondo.

Todo esto porque una vez obtenida su libertad con fianza nunca han vuelto a pisar un tribunal.

Cuando a un juez se le presenta el caso de un imputado de atraco, que tiene casos abiertos anteriores y que ha aprovechado su libertad para volver a delinquir, es obvio que se impone la prisión preventiva.

Lo otro sería liberarlo para que siga atracando en la calle.

Si se quiere que haya menos población carcelaria preventiva, lo que se debe hacer es agilizar los procesos penales abiertos para conocimiento de los juicios fondo; que haya sentencias definitivas.

Es allí donde está el problema medular, y no se quiere abordar.