El resultado en las elecciones municipales recién concluidas marca una tendencia preocupante. Hubo una involución en la participación de la mujer en los espacios de toma de decisión.
Si vemos el dato global, el 42.84% de los cargos municipales son ocupados por mujeres, pero cuando vemos los datos por nivel de elección, vemos que eso incluye que el 89.87% de las vicealcaldías están ocupadas por mujeres por un acuerdo, ocultando que las mujeres apenas obtuvieron 16 de las 158 alcaldías, 3 menos que en el 2020; y 23 de 235 Direcciones Municipales, apenas una más que en el 2020. El punto luminoso de esas elecciones ha sido el aumento de la representación de la mujer en las regidurías y vocalías, que aumentó considerablemente en ambos casos.
Aún no sabemos si en realidad estamos avanzando en propiciar un cambio de mentalidad social y cultural para que la población acepte la participación política plena de las mujeres y el empoderamiento femenino para el ejercicio de sus derechos políticos o, si por el contrario, se sigue arraigando la creencia machista del poder escondida en una falsa percepción de participación femenina.
El avance de la mujer en la política sigue siendo lento y plagado de obstáculos y dificultades. El acceso al financiamiento es más difícil, aún persisten estigmas sociales y se somete a la mujer a una especie de doble moral al cuestionar su vida privada y familiar y su deseo de hacer política, lo que NO sucede con los hombres, a quienes hasta se les justifican sus fuentes de financiamiento.
Afortunadamente, muchas mujeres valientes siguen sometiéndose a los procesos electorales y enfrentando los retos que eso supone. Y para las próximas elecciones congresuales, el reto más importante es lograr una mayor representación de la mujer. En el 2020 tuvimos un retroceso, porque pasamos de 56 a 52 legisladoras respecto al 2016, para una disminución de 7.1%, mientras que en el Senado la representación aumentó a 12.5%, con la integración de una senadora más que en el 2016.
En ambos casos, aún seguimos limitados. La lucha por la participación política de las mujeres no es una lucha acabada. Basta con analizar el Índice de Paridad Política (IPP) realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual arrojó que la República Dominicana tiene un puntaje de 49.2 sobre 100 en lo que concierne a la participación de la mujer en los temas políticos, advirtiendo que el área de mayor debilidad fue “la dimensión que analiza los compromisos nacionales con la igualdad en la Constitución y en el marco legal del país”.
Dice el estudio que “el progreso de la mujer ciertamente ha sido gradual, especialmente en la administración de justicia y en el ámbito electoral y en la implementación de mecanismos especializados de género en las entidades jurisdiccionales electorales”, pero necesitamos tener más legisladoras que asuman la defensa de los derechos de la mujer, de la familia y la ética en el Congreso, pero para eso, primero necesitamos más mujeres legislando.