El Código Penal y la incapacidad manifiesta

Cuando se hacen cuestionamientos a las capacidades de los integrantes de las cámaras legislativas, suele ponerse énfasis en la presencia de personas provenientes de sectores económicos cuestionables, los dueños de bancas de lotería, por ejemplo, las personas que han estado involucradas en casos judiciales relativos al tráfico de drogas, al lavado de activos y, en menor medida, a aquellos que hacen propuestas tontas o distantes del mínimo sentido común.

Basta recordar el zafarrancho que generaron las declaraciones del diputado Eugenio Cedeño, quien dijo, aunque luego intentó aclarar, con una serie interminable de galimatías, que la mujer debe tener relaciones con su esposo, aunque ella no quiera, imagínese usted, un hombre además cristiano militante. Al final se disculpó y las cosas parece que quedaron ahí.

Pero la discusión que hoy se da en torno al proyecto de Código Penal, nos pone de frente, ante otra incapacidad manifiesta, no sólo de los legisladores, sino de la clase política en su conjunto.

¿Cómo es posible que un proyecto que lleva más de 20 años en discusión, aunque el gran Gardel dijera que, “20 años no es nada”, tenga ahora tantas aristas cuestionnables, más allá de el drama eterno de las 3 causales?

A juzgar por lo dicho por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, parecía predominar el criterio de avanzar en la aprobación del código, al margen del controvertido tema de las causales, sobre la base de que el país necesita un instrumento legal más acorde con la realidad actual. Un argumento no sólo razonable sino además práctico y sensato.

Los cuestionamientos que se hacen al código en discusión, los arreglos que habría que hacer para que sea una iniciativa viable, dan la impresión de que no sería posible tenerlo listo antes de agosto, como ha reseñado el Listín, aunque se haga una extensión de la actual legislatura.

Que si el tema de la revisión injustificada de vehículos de motor, que si el tema de considerar delito de lesa humanidad, la deportación forzosa de personas, y ni que decir, de lo señalado por la jurista Laura Acosta, de que el mismo devuelve las decisiones de los jueces, al concepto de íntima convicción, en lugar de una serie de parámetros para que los jueces tomen sus decisiones.

Las cámaras legislativas tienen suficiente presupuesto para que esta propuesta fuese sometida a la opinión profesional de juristas experimentados, de forma tal que la pieza respondiera a los requerimientos de la sociedad y de los tiempos modernos, aunque se dejara sin resolver el tema conflictivo de las causales.

El que nos pasemos 20 años, dándole vueltas a una legislación, cuando hoy tenemos tipos penales que literalmente no existían hace 20 años, relacionados con los delitos tecnológicos, por ejemplo, la necesidad de fortalecer las penas en los casos de delitos financieros como las estafas piramidales, para sólo citar algunos, hacen impostergable la aprobación del Código Penal.

El que la propuesta en discusión tenga los errores que se señalan, pone de manifiesto la incapacidad manifiesta, de toda nuestra clase política, para alcanzar los consensos mínimos que nos permitan avanzar como sociedad.

No esperemos 20 años más para resolverlo.