La transformación digital es un motor de desarrollo que puede mejorar la eficiencia gubernamental, aumentar la inclusión social y dinamizar las economías. Sin embargo, para América Latina, particularmente para República Dominicana donde aún persiste un alto analfabetismo digital, uno de los grandes obstáculos para la plena implementación de un programa de ciudadanía digital es la desconfianza generalizada en las instituciones y en los servicios digitales, porque aún se percibe el entorno digital como inseguro, incierto y falto de transparencia y normas claras.
En un análisis reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ausencia de confianza resaltó como la barrera fundamental para la transformación digital en la región, debido a la inquietud de los ciudadanos en lo relativo a la protección de su privacidad y sus datos personales. Esto resulta comprensible cuando observamos que muchos países en la región no han desarrollado marcos regulatorios robustos ni cuentan con sistemas de ciberseguridad eficaces. De los 32 países evaluados por el BID, 25 no tienen planes adecuados de protección de infraestructuras críticas, lo que expone a los usuarios a riesgos potenciales de ciberataques o filtraciones de datos.
A pesar de que varios países han implementado legislaciones sobre protección de datos, como es el caso de República Dominicana y Brasil, por ejemplo, los usuarios y las instituciones mantienen su desconfianza hacia los servicios digitales, porque no son temas que están colocados en la lista de prioridades de los actores políticos, al contrario de lo que pasa en Europa, por poner un ejemplo.
La Unión Europea ha mostrado un interés marcado para la protección de los datos personales y de la vida digital de las personas, a la vez que ha mostrado una actitud regulatoria más contundente hacia las plataformas digitales, marcando un camino hacia una mayor confianza. En Europa, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) ha sido un modelo a seguir para proteger la información de los usuarios y garantizar que las plataformas digitales operen de manera transparente y ética. Es un modelo a aplicar en América Latina, donde la adopción de normas similares podría no solo aumentar la confianza, sino también atraer inversiones extranjeras, al crear un entorno digital más predecible y seguro.
La transparencia es otro componente crucial para fomentar la confianza en el ecosistema digital. En países donde la corrupción es un problema estructural, como ocurre en varias naciones de América Latina, la falta de confianza en las instituciones públicas tiende a extenderse también a las plataformas digitales. La simplificación de procesos, la facilidad de uso y la atención al cliente se erigen como elementos esenciales para generar confianza. Los gobiernos y las empresas del sector público en América Latina deberan adaptar las mejores prácticas internacionales para diseñar servicios digitales accesibles, rápidos y fáciles de usar.
Para romper la desconfianza que impera, América Latina tiene que avanzar en la creación de marcos regulatorios sólidos, la inversión en ciberseguridad y la adopción de tecnologías que fomenten la transparencia. Al mismo tiempo, es necesario trabajar para que los servicios digitales sean inclusivos y accesibles, especialmente para aquellos grupos que tradicionalmente han sido marginados del uso de la tecnología.
Con la confianza como base, la transformación digital puede ser una poderosa herramienta de cambio en América Latina, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social.