Otro pacto más

Los romanos se tomaban los pactos muy en serio. El “Pactum” era algo acordado, asegurado, y buena parte del Código Civil se sostiene en el “Pacta Sum Servanda” del 1134 (“Lo pactado obliga”), de ahí que su uso solemne y reverencial sea asociado a importantes hitos históricos. En España, por ejemplo, los “Pactos de la Moncloa” (1977) garantizaron la transición del franquismo a la democracia; en Venezuela lo hizo el de “Puntofijo” (1958); y aquí, el “Pacto por la Democracia” (1994) fue la salida política a la crisis post electoral de ese año.

Todo pacto político requiere previamente concertación, diálogo y sentido de Estado; y supone la voluntad de ceder de todos los actuantes, quienes –en aras del colectivo nacional–acuden a la mesa con vocación de concordia, entendimiento, y cumplimiento. Los pactos se dan entre iguales, entre partes que se reconocen integrantes de un todo, y, si falta alguna, podrá ser cualquier cosa, pero no un pacto en sentido político/histórico estricto.

Quizás por su vocación democrática, el presidente Abinader siente predilección por los pactos y cierta fascinación por la carga semiótica del significante. Todo acuerdo firmado que por delante diga “Pacto”, implícitamente evoca solemnidad, compromiso, y proyecta hacia al futuro la idea de certidumbre; permitiendo al momento de su firma cosechar los frutos políticos del futuro. Ello explicaría su propuesta de un “Pacto Nacional para Fortalecer la Institucionalidad” (2017), donde hacía un llamado –desde la oposición– para combatir la corrupción y la impunidad.

Desde el gobierno el presidente ha propiciado la firma de varios pactos. Algunos consensuados, debatidos y asumidos por las principales fuerzas políticas y sociales del país (Eléctrico, febrero 2021); otros –la mayoría– no han pasado de ser meros ejercicios de autocomplacencia gubernamental en los cuales el Estado firma consigo mismo, soslayando el hecho de que en muchos, con dar cumplimiento al marco legal que regula la materia objeto del “pacto”, bastaría.

El listado es variopinto: “Pacto Social que Busca Desarrollar un Modelo Sostenible” (mayo 2021); “Pacto de Cambio Climático” (abril 2023); “Pacto por el Agua" (agosto 2023); “Pacto de Nación por la Crisis de Haití" (octubre 2023); el “Gran Pacto Nacional” (marzo 2024); “Pacto por la Calidad para la Seguridad Pública” (agosto 2024); el fallido llamado a un “Pacto por la Educación” (agosto 2024) o el Fiscal/“Ideal” (octubre 2024); y el más reciente, “Pacto Nacional Vial”.

El hilo conductor es la ausencia de los principales líderes opositores para garantizar continuidad de Estado; que los mismos tratan sobre asuntos regulados; no poseen mecanismos de seguimiento ni presupuestos específicos; quedando reducidos a meros ejercicios de puesta en escena, relato y marketing político.

En los hechos, ¿la implementación de estos pactos, ha mejorado la calidad de vida de los dominicanos y la eficiencia de la gestión pública? Antes de otro pacto más, es necesario responder esas preguntas… a menos que el objetivo de cada pacto sea el pacto mismo.