Con diversas medidas de coerción, y algunos en libertad, están los implicados en los casos de corrupción sometidos por el ministerio público desde diciembre del 2020, acusados de pertenecer a entramados desmantelados mediante las operaciones Antipulpo, Coral, Coral 5G, y Medusa.

Al principio la medida que prevaleció fue la prisión preventiva en un centro de corrección y rehabilitación, pero más tarde ha sido variada, en algunos casos, por arresto domiciliario, junto a la colocación de grilletes electrónicos, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. Aunque el 8 de diciembre de 2020, el tribunal de atención permanente del Distrito Nacional envió a la cárcel a los principales imputados en el caso antipulpo, solo uno está recluido en un recinto penitenciario.

Una parte está bajo arresto en sus hogares, algunos impuestos desde el 2020, y otros, porque posteriormente se les cambió la prisión preventiva.